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Menos transparente de lo deseado

Antoni Gutiérrez-Rubí
Por: Antoni Gutiérrez-Rubí
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Publicado en: El Periódico de Catalunya (05.04.2012) (versión pdf)

Finalmente, el Gobierno ha presentado su anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El próximo día 10 finaliza el corto periodo de consulta y participación pública habilitado. Mariano Rajoy, ciertamente, ha cumplido su palabra de presentar, en los primeros cien días de mandato, una iniciativa política que ahora emprenderá su curso parlamentario. Hacerlo era inaplazable, ya que España es aún uno de los pocos países de la UE que no dispone de esta norma. Ha cumplido sí, pero no sabemos si ha entendido lo que significa transparencia. Se regula mal lo que no se comprende.

El anteproyecto se ha abierto a las aportaciones ciudadanas en una página web específica que se ha colgado más de una vez. El modo de hacer las cosas es de por sí un síntoma de que no se ha interiorizado la esencia de lo que se dice que se va a regular. Reducir la participación a un formulario (sin visualización del conjunto, sin registro, sin obligación de responder), y sin un amplio debate social y profesional, es una buena prueba de ello. El canal tiene soporte digital, pero la mentalidad es profundamente analógica, centralizada y vertical. Está concebido casi como un trámite estético, pero no hay compromiso alguno de cómo se van a trabajar esas aportaciones, ni tampoco se abre un proceso de cocreación legal entre nuestros representantes y la ciudadanía. El anteproyecto nace con una decisión, de fondo, cuestionable. La regulación de la transparencia no pretende promover la participación ciudadana. Ni hacer que lo más nítido sea la antesala de espacios más dinámicos y de colaboración para la relación entre el Gobierno y los ciudadanos y sus organizaciones sociales y económicas.

Sorprende que la propuesta ignore un ámbito imprescindible, para dar un salto en la transparencia en la vida pública, como son las organizaciones políticas (partidos, sindicatos) y las instituciones representativas (parlamentos). Ni una palabra. Pretender transparentar la acción del poder ejecutivo, sin afrontar la del poder judicial o legislativo, o el papel de los partidos en la sociedad, es regular por competencias, no por principios transversales. La propuesta del Gobierno no afronta lo fundamental: ¿qué requisitos, en términos de transparencia, acceso a la información y participación debería cumplir cualquier actividad política de servicio público?

Las disfunciones, imprecisiones e incoherencias que la ley va a dejar al descubierto de nuestra arquitectura democrática puede, en vez de generar un saludable efecto contagio, provocar justo lo contrario: nuevas (y viejas) áreas de opacidad que puedan seguir al margen de esta ley y que defrauden, aún más, las expectativas creadas en una ciudadanía cansada, irritada y desconfiada de nuestro sistema político. La norma propuesta llega tarde y es muy poco ambiciosa e innovadora en relación con los modelos europeos o norteamericanos. Se queda más que corta que la misma iniciativa del PP en la oposición. Parece que, para el Gobierno, internet es un fax mejorado y un sustituto más cómodo de la correspondencia en papel para la gestión de las incidencias. Para muestra un botón: las palabras internet o redes sociales no aparecen en el articulado. Tampoco rendición de cuentas.

Hemos esperado mucho, demasiado, para tener una ley que proteja, estimule y aliente nuestros derechos a la información pública. Esperábamos que aprovechara el enorme caudal de potencia social, económica y tecnológica que tiene la liberación de los datos públicos. Que estimulara una profunda reforma organizativa en la creación, organización y prestación de los servicios públicos gracias a la incorporación de la cultura digital. No se trata de máquinas ni de programas simplemente. Se trataba de visiones, conceptos y estrategias que este anteproyecto ignora, o desprecia. El egovernment no es simplemente gobernar con tecnología, es otra manera de hacer, pensar y servir a los ciudadanos y ciudadanas desde el Gobierno.

Rajoy ha querido cumplir. Está muy bien. Pero no se trataba de un mojón político o parlamentario, sino de una auténtica revolución en la gestión de lo público y de la relación de la política con administrados y ciudadanos. Una adecuación a la vida móvil y digital de nuestra sociedad. Hay, además, una oportunidad extraordinaria para ser mucho más eficientes en el gasto si se cambian los flujos de comunicación, se horizontaliza la relación, se digitalizan procesos y se utiliza la tecnología de proximidad para hacer de la información y el dato liberado un nuevo modelo de gestión del servicio público. Hay ahorro y también oportunidades de innovación.

Hay quien dirá que es un primer paso, y lo es, especialmente en la lucha contra la corrupción y la mala gestión; que es mejor tenerlo a no tener ninguno, y tendrá razón. La cuestión es si este primer paso abre la oportunidad a los siguientes, que deben ser urgentes y decididos. Creo, sinceramente, que para llegar lejos, a veces, hay que dar pasos cortos y continuados. Pero siempre que se cumpla una condición: que se sepa hacia dónde se va. Y, en este caso, no lo parece.

Mis aportaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia:
– Sobre la Ley de Transparencia (8.04.2012)

Artículos de interés:
– Una ley de transparencia amortizada, analógica y sin ambición (César Calderón, 2.04.2012)
– Buenas intenciones (El País, 25.03.2012)
– La Ley de Transparencia, solo el primer paso (Antonio Garrigues, Jesús Lizcano, Jesús Sánchez, Manuel Villoria. El País, 5.04.2012)
– Transparencia y Ley de Transparencia (En aprendizaje continuo, 7.04.2012)
– El Gobierno da luz verde a la Ley de Transparencia obviando a los expertos (El País, 18.05.2012)
– Rajoy sube un vídeo a Youtube por el Día de Internet, pero no acepta comentarios (PR Noticias, 18.05.2012)

Otros artículos de interés:
– ¿Y si el ajuste es la reforma? (Antonio Díaz Méndez , 1.05.2012)

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