Publicado en: El País (14.06.2012) (blog ‘Micropolítica‘)
La crisis abierta en el Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por el presunto uso indebido de recursos públicos para actividades privadas de su presidente, Carlos Dívar, es solo una parte del problema. Grave. Aunque lo auténticamente preocupante es la línea argumental que utiliza para justificar y explicar los hechos denunciados. La justicia decidirá, en el futuro, si tales actuaciones son constitutivas, o no, de delito. Pero la sospecha de que quien debe impartir y velar por la justicia, en este caso una alta autoridad del Estado, ha utilizado los márgenes de la ley y los privilegios de la institución precisamente para sortear a la primera y aprovecharse de la segunda, sitúa el tema en un orden moral y político, no simplemente legal o institucional.
La duda que nos supera y escandaliza es si Carlos Dívar cree, realmente, que no tiene nada de qué avergonzarse, ni mucho menos disculparse, que no debe asumir error alguno. Más lejos todavía estarían las culpas o las faltas a la ley. Lo relevante es que, sinceramente, Dívar diga lo que piensa, no solo lo que le conviene para defenderse. ¿Y si, de veras, creyera que sus gastos “son unas miserias”, como dijo provocadoramente, y que quienes se lo reprochan son unos cínicos y fariseos?
Responder afirmativamente a estas preguntas pondría en graves aprietos, por ejemplo, al PP y al PSOE (que pactaron en 2008 su candidatura, siendo aceptada y avalada por el mismo José Luis Rodríguez Zapatero). Se cuestionaría el buen juicio y acierto de aquel consenso.
Responder afirmativamente a estas preguntas colocaría contra las cuerdas a los miembros del pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que acordaron este miércoles -por once votos a cuatro- no admitir a trámite la querella contra el presidente, archivando las actuaciones al no apreciar los delitos de estafa, apropiación indebida ni malversación de caudales en los gastos de 32 viajes a Marbella y a otros destinos cargados al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial. ¿A quién defienden? ¿Solo a él?
Responder afirmativamente a estas preguntas situaría a la Fiscalía General del Estado, que abrió y cerró rápidamente unas diligencias, en una posición aparentemente cómplice. La sensación de cerrar filas corporativas dejaría a los responsables de la vigilancia fiscal en la tesitura de los que, debiendo mirar, giraron la cabeza.
Responder afirmativamente a estas preguntas evidenciaría al grupo parlamentario del PP que, al final, ha aceptado su comparecencia en el Congreso, todavía sin fecha. La presión ha sido insoportable y, en medio del tsunami financiero, Rajoy no ha tenido más remedio que abrir alguna válvula de descompresión. Llegando tarde.
Por todo ello, el caso Dívar es, evidentemente, el del síndrome Dívar. Un síndrome que estudiaremos con el tiempo para intentar comprender y explicar aquello que difícilmente se puede justificar. Y esta es la tragedia. Un síndrome que demuestra que actuaciones injustificables, en lo que se piensa y se dice, se pueden llevar a cabo. O no están prohibidas. O, todavía más, no se puede probar que no se puedan hacer.
Los que le exoneran, protegen o justifican pueden quedar en una delicadísima situación si, como afirman algunas fuentes, Carlos Dívar decidiera dimitir en los próximos días. Porque su plan, y ahí lo grotesco y crítico del tema, no es que lo hiciera por presuntos delitos o por evidentes daños estéticos y éticos a la alta institución a la que debe representar y defender, sino que se va porque quiere y cuando quiere.
Cuando no se representan las funciones atribuidas con dignidad, es muy difícil que se pueda defender la institución que las otorga, en este caso nada más y nada menos que el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. El daño causado es irreversible y debería impedirse que hacerlo todavía mayor fuera inevitable.
Lejos de dar un paso atrás, Carlos Dívar quiere humillar –si antes nadie se lo impide– al Estado el próximo lunes (y con ello, a la ciudadanía y a nuestra escandalizada y agotada democracia), cuando está previsto que el Rey visite el Supremo con motivo de los actos del bicentenario del alto tribunal. Dívar quiere estar allí como primera autoridad judicial del Estado y presidente del Supremo. Un momento histórico. Un broche escénico. Un bochorno inigualable. Dívar dijo, en su única rueda de prensa, que “lamentaba el quebranto hecho a la institución”. Pues no lo parece. Se empeña en quebrarla, definitivamente.
Su secreto no es con quién comía y compartía alojamiento. Tampoco cuál era la condición por la que podía hacerlo. El secreto de Dívar es por qué nadie puede detener el espectáculo del próximo lunes. Es evidente que busca un momento sádico y obsceno, políticamente hablando. Pero nuestra conciencia democrática y el respeto a nuestras instituciones no deberían ser golpeados de nuevo. No somos masoquistas. Ya basta.
El sábado se celebrará, de urgencia, un pleno extraordinario del CGPJ. El Poder Judicial se reunirá para decidir el futuro de su presidente, a petición de cinco vocales. Legalmente, el Consejo podría exigir su renuncia, alegando incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo. O este último acaba con el síndrome Dívar, o sucumbirá a él. No puedo imaginar más deterioro para la política democrática que ver al Rey escuchando el discurso ejemplar de Carlos Dívar.
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Pelos de punta me ha dejado el artículo. Lo has expuesto tan claramente, que da escalofríos. Porque además me temo que hay muchos contagiados y que la epidemia sigue. ¿ Hasta dónde llegará el contagio?
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