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Combatir la corrupción, recuperar la política

Antoni Gutiérrez-Rubí
Por: Antoni Gutiérrez-Rubí
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«Parte de la persuasión consiste en dialogar; la otra parte, es dar ejemplo».
Bernard Crick, En defensa de la política (1962)

La lucha contra la corrupción es el combate por más y mejor política. El deterioro en la confianza política que acumulan los líderes, los partidos y las instituciones es directamente proporcional a la preocupación que la corrupción genera entre la ciudadanía, con una dinámica que amenaza convertirse en crónica. La corrupción alimenta el descrédito, al tiempo que el descrédito se produce, también, por la corrupción.

En España, la corrupción, según la opinión pública, se está convirtiendo en un problema endémico. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de febrero (justo después del estallido del caso Bárcenas), la corrupción y el fraude son ya percibidos como el segundo problema nacional por detrás del paro. Una abrumadora mayoría de ciudadanos (96%) considera que la corrupción política en España es muy alta y, además, según indica la encuesta de Metroscopia publicada por El País, devastadora. Un 63% cree que la corrupción política ha aumentado; un 54% asegura que es superior a la de otros países y un 92% deplora la lentitud de la Justicia, hasta el punto de considerar que es ineficaz para combatirla. La situación de la política y la visión que se tiene de los políticos (de casi todos, especialmente en los grandes partidos) es, pues, nefasta. Y va a peor.

Actualmente, los juzgados tramitan 1.661 causas de corrupción política o financiera, y el presidente del Poder Judicial pide 64 jueces más para apoyar los megaprocesos pendientes que corren, algunos, el riesgo de prescribir por lentitud judicial. Estamos hablando de casos obscenos y escandalosos en el ámbito de la jefatura del Estado y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que hay que añadir los de los partidos políticos, donde algunos tesoreros, en vez de proteger y cuidar, saquean.

Los casos se convierten en escándalos cuando quien comete la falta actúa en sentido diametralmente opuesto a sus obligaciones. Y en lugar de evitar el delito, lo comete. Esto es lo que irrita, desconcierta y subleva. El liderazgo político debe demostrarse, pues, en estos momentos. De un líder se espera excelencia y ejemplaridad. Hay que parar la inercia destructiva: sin líderes, sin política, sin esperanza, sin solución. Esta cadena devastadora arruina nuestro futuro y el futuro de la confianza en la política.

La incapacidad del Gobierno (y de la oposición para afrontar los retos de la crisis), junto con el desprestigio del liderazgo político, están generando una letal dosis de malestar social e irritación y una grave crisis de confianza en la capacidad directiva, regulatoria y paliativa de la acción política protagonizada por los partidos y los representantes políticos. Más que nunca, hay que volver a los orígenes para volver a legitimar la acción política. No se necesitan solo votos, sino prácticas morales y éticas.

La agenda de cambios para combatir la corrupción es múltiple, simultánea y urgente. Y ahí radica una dificultad añadida: hay que hacer muchas cosas, a la vez y sin margen de tiempo. Estas son, a mi juicio, las tareas exigibles:

1. Una nueva Ley de Partidos
Una de las voces más solventes sobre la revitalización de los partidos como servicio público, José Antonio Gómez-Yáñez, define la necesidad prioritaria de una nueva Ley con precisión: «Los partidos son entidades especiales, se financian con presupuestos públicos, su personal cobra retribuciones públicas y es investido como autoridad cuando ocupa cargos públicos, y tienen atribuido el monopolio de la representación. No son asociaciones privadas, un partido no puede tener menos obligaciones que una comunidad de vecinos. Su funcionamiento debe regularse mediante una Ley de Partidos tan meticulosa como la Ley de Sociedades. Porque su funcionamiento tiene más trascendencia social que cualquier empresa».
Una nueva Ley de Partidos Políticos que regule su actividad basándola en una democracia interna ampliada y profundizada, para establecer los mecanismos de control, actualización y revitalización de sus estructuras para evitar el anquilosamiento y la esclerosis orgánica que favorece el clientelismo, el germen vírico de la corrupción en la gestión política. Cuando la democracia interna es sustituida por la componenda interna empieza la corrupción, porque empieza la adulteración y alteración de lo democrático a causa de la mesocracia orgánica. Esta Ley no será suficiente si no va acompañada de una profunda reforma de la ley de financiación de los partidos políticos.

2. Un contrato de Servicio Público
Este punto es clave. Y, a pesar de que la futura Ley de Transparencia espero que cubra aspectos decisivos, hay que ir más allá. La representación política, cuando además se convierte (accede) en gestión pública, deviene un servicio público. Y como tal debe ser concebida y tratada esta responsabilidad. Creo que es imprescindible la firma de un contrato de Servicio Público con la ciudadanía en el momento de concurrir a unas elecciones como electo o en el momento de ocupar un cargo público o político así como en el momento de aceptar un cargo orgánico en el partido, que incorpore, al menos, los siguientes compromisos:

a) Presentación de una declaración de actividades, tanto en el momento inicial (candidatura / acceso al cargo) como posteriormente, de forma periódica (bianual).
La declaración de actividades debe incluir las actividades compatibles tanto privadas como públicas, identificando, en el caso de que se trate de responsabilidades en varios lugares públicos, los motivos que hacen necesaria esta compatibilización.
La información contenida en estas declaraciones debe constar en un registro interno y la última información actualizada debe ser accesible a través de la página web del partido. Esta publicidad debe permitir dejar patente qué personas no han cumplido estos compromisos.
b) Presentación de una declaración de bienes e intereses, tanto en el momento inicial (candidatura / acceso al cargo) como posteriormente, de forma periódica (bianual). La información contenida en estas declaraciones debe constar en un registro interno y la cuantía y los datos esenciales deben ser accesibles, también, a través de la página web del partido.
c) Compromiso de explicación de la actividad desarrollada en ejercicio del cargo, a través de una agenda pública permanentemente actualizada y una memoria de gestión anual.
d) Compromiso de rechazar regalos de empresas: las empresas con las que el partido contrate sus actos públicos, publicidad o campañas electorales serán informadas de que no pueden tener atenciones personales.
e) Compromiso de transparencia en la gestión de los recursos públicos por parte de aquellos que ocupen un cargo público, tanto de gestión de gobierno como desde la oposición: fijación de objetivos anuales y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

3. Una ética personal. Más allá de los códigos éticos
Los partidos políticos y los responsables públicos deben tener una sólida formación ética y moral. Es imprescindible asociar idoneidad a capacidad y moralidad. Los cargos públicos y orgánicos deben fortalecer la ejemplaridad como el núcleo central sobre el que construir una actitud política y pública capaz de enfrentarse a la corrupción moral y material. La formación sobre los riesgos reputacionales, así como los costes económicos y sociales que tienen las prácticas corruptas en forma de sobrecoste o economía sumergida deben ser conocidas y evaluadas permanentemente. Sin formación ética y sin conocimiento de los costes políticos y económicos de la corrupción en la gestión pública nadie podría afirmar que está preparado para desempeñar una función pública.

Combatir la corrupción, recuperar el concepto de servicio público de la política
Jacques Necker, ministro de Finanzas en Francia, publicó un texto en 1781 (sí, 1781) que fue y es histórico: Informe al Rey, llevaba por título. La hazaña del Informe al Rey causó sensación y provocó mucha controversia. Pero la tentativa de cambiar el espíritu de las instituciones haciendo «por primera vez de los asuntos del Estado una cosa común» se interrumpió bruscamente. «Una de sus ideas más firmes en política se basaba en esa conciencia excepcionalmente aguda que tiene el poder de la opinión pública y de la necesidad de gobernar mediante ella», afirmaba el Ministro.

A pesar de que Necker representó el intento más serio de reforma de la monarquía absoluta de los Borbones, unos meses después, cayó en desgracia. Al fracaso de las reformas, siguieron los cambios por las revoluciones.
En el texto, encontramos este fragmento rotundo: «La obligación de poner al día toda su administración marcará los primeros pasos del Ministro de Finanzas, así como el devenir de la carrera que emprende. Las tinieblas y la oscuridad favorecen la indolencia y la indiferencia; la visibilidad al contrario conlleva un honor y una recompensa, ya que se ha percibido la importancia de sus deberes, y que se ha hecho un esfuerzo por cumplirlos». Y acaba: «Una institución así podría tener la más alta implicación para la confianza pública».

Han pasado más de 200 años. Ahora nos toca a nosotros. Y vamos con retraso. Mucho retraso.

Publicado en: TEMAS para el debate núm. 223, 05/13. La lucha contra la corrupción. Fundación Sistema (versión .PDF)

Enlaces de interés:
– Otro modelo de partido es posible

Artículos de interés:
– Conversación entre Odón Elorza y Joa Coscubiela: «El motor de la corrupción es la voluntad de acumular poder económico, no político» (Agenda Pública. eldiario.es 30.05.2013)
– Un decálogo por la transparencia y la integridad (El País, 27.10.2011)
– Combate contra la corrupción: un problema de recursos (eldiario.es 14.05.2013)
– Los expertos ven insuficiente que los políticos muestren su declaración de renta (El País, 18.02.2013)
– Emprendedores y corruptos (Josep Ramoneda. El País, 10.03.2013)
– Casos de corrupción urbanística municipal (El País, 17.06.2013)

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