Es la quinta vez. La quinta vez que una delegación del Parlament de Catalunya se presenta en el Congreso de los Diputados con una petición de alto contenido político. Las cuatro primeras tuvieron como objetivo presentar una oferta de diálogo y acuerdo: un Estatut. La primera fue en 1918 y el rechazo, pocos meses después, a la propuesta culminó con el abandono de sus escaños por parte de todos los diputados catalanes; la segunda, en plena República, con una delegación encabezada por Lluís Companys, quien sería fusilado ocho años más tarde por el ejército franquista; la tercera, en el período constituyente de la Transición, con todas las limitaciones y presiones de la época; y la cuarta, muy reciente, en 2005, cuando se presentó por primera vez en el Parlament de Catalunya, con un consenso altísimo de 120 diputados sobre un total de 135. Un Estatut, que tras la negociación con las Cortes Generales, y refrendado posteriormente por el pueblo de Catalunya, fue severamente recortado por la sentencia del Tribunal Constitucional. La única sentencia, en toda nuestra historia, que se ha hecho sobre una Ley Orgánica aprobada por referéndum. De aquellos polvos, estos lodos.
Hoy todo es diferente. La historia reciente cuenta, mucho. Y la memoria es importante. Esta quinta delegación llega con una propuesta, también ampliamente apoyada por el Parlament y la sociedad catalana, que ya no ofrece un acuerdo, sino que quiere organizar —política y legalmente— el desacuerdo en forma de una consulta democrática. Y, eventualmente, el inicio —que también debería ser negociado— de un camino de autodeterminación del pueblo de Catalunya.
Todo ello en treinta minutos (diez minutos por cada uno de los representantes del Parlament). ¿Vamos a resolver esta cuestión en 30 minutos, más el debate posterior? Hay algo de irreal y artificial en este debate: tan pautado, como previsible. Tan breve y enjuto. Tan importante y complejo, pero que parece que será reducido a un trámite. Si triunfa el trámite, ganará la no política. Se impondrá la renuncia a ella. Será un fracaso total, del que nadie saldrá indemne. Reducir el diálogo a un simple eco autoreferencial nos lleva al vacío.
Es la quinta vez. Y no es una más. En esta ocasión, las Cortes Generales, a través de los representantes políticos de la soberanía democrática, deberán medir muy bien lo que dicen y cómo lo dicen. ¿Qué será hoy el Congreso?, ¿una Cámara de representantes o una caja de resonancia?, ¿un eco de reverberancias múltiples, de frecuencias asíncronas?
He vuelto a releer las intervenciones de Artur Mas (CiU), Manuela de Madre (PSC) y Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC) del debate de 2005. Recomiendo su lectura. Entenderíamos muchas cosas. También la intervención del entonces líder de la oposición, y hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Aquel día, dijo: «No digo más, señorías. No entro a considerar si el texto es justo o injusto, conveniente o pernicioso, solidario o egoísta. Renuncio a los juicios de valor y a las pormenorizaciones. Digo que choca con la Constitución, que es incompatible con la Constitución y que no se puede aplicar sin quebrar la Constitución. No insistiré. No creo que haya que gastar razonamientos en lo que a estas alturas es de común conocimiento». ¿Y qué pasa si es incompatible y es, en cambio, justo y conveniente?
Este es el bucle perverso. Cuando la política renuncia a considerar lo que es justo o injusto, conveniente o inconveniente, entonces la política renuncia a su función. Cada día que pasa el foso se agranda.
Publicado en: El País (08.04.2014)(blog Micropolítica)
Fotografía: Oliver Brocklehurst para Unsplash
