El activismo accionarial se ha convertido en una estrategia eficaz. Con ella, un creciente número de grupos de interés accede a los órganos de gobierno de las sociedades y reclama, desde dentro, otras políticas o llama la atención sobre la actividad de las propias compañías. Comprar el paquete mínimo de acciones que permite asistir a las juntas generales y hacer uso del derecho de todo accionista a preguntar y reclamar políticas socialmente responsables es la base del llamado activismo accionarial.
En España esta práctica es poco frecuente todavía. Las organizaciones Setem o Amigos de la Tierra son algunos de los escasos ejemplos de cómo utilizar las juntas de accionistas —y su impacto mediático— para denunciar la actividad de algunas empresas. Pero el activismo accionarial no es sólo una estrategia de presión o de denuncia de las ONG. Nuevos accionistas, organizados o no, pero más plurales, más pequeños y más diversos componen una base accionarial de más de 8 millones de personas en España. La titularidad sobre acciones ha crecido incomparablemente más que otras formas de propiedad. El irresistible encanto de las acciones y una dinámica bursátil —tras el euro— menos especulativa y vulnerable ha abierto el parqué a nuevos y activos accionistas-ciudadanos.
La posesión masiva de acciones en manos de ciudadanos conscientes y críticos abre posibilidades inéditas de influencia política. Consumidores exigentes y accionistas lúcidos pueden —juntos— modificar el rumbo de muchas sociedades en alianza con un liderazgo empresarial más comprometido socialmente. Pero el problema de fondo sigue siendo cómo configurar en el accionista una voluntad política capaz de dirigir o condicionar la voluntad económica de las corporaciones. Cabe preguntarse si el pequeño accionista será capaz de formarse una opinión y hacerla valer en las juntas o si simplemente esperará pasivo el dividendo. Y, ¿qué papel van a jugar las nuevas tecnologías y el derecho al voto electrónico en este nuevo escenario?
La Ley de Transparencia consolidó el eje «transparencia-tecnología-responsabilidad» como un itinerario lleno de posibilidades, no sólo para la reputación corporativa o el buen gobierno, sino para la incorporación de prácticas de gestión y decisión basadas en los derechos democráticos de accionistas e inversores. Derechos que son parte esencial de una política de Responsabilidad Social Corporativa integral que se compromete con sus accionistas más allá del dividendo.
A finales de 2003, la CNMV advertía que un 35% de las empresas cotizadas no tenía página Web y que el resto estaba lejos de los requerimientos que contemplaba el reglamento. Pero la realidad ha cambiado en dos años. El uso de las nuevas tecnologías en la atención a los accionistas continúa aumentando, también por razones operativas y presupuestarias. Los cambios impulsados por las nuevas tecnologías han dejado a la Ley de Sociedades Anónimas algo obsoleta. Las nuevas exigencias de información y participación de los accionistas obligan a repensar el sistema de celebración de las juntas generales. Las nuevas tecnologías facilitarán que las empresas atraigan a accionistas de espacios que exceden a sus ámbitos geográficos y les permitirá no depender tanto psicológicamente de su domicilio social, fomentando el acercamiento a unos accionistas cada vez más globales.
La Ley de Transparencia tenía entre sus objetivos el de tratar de fomentar la participación de los accionistas en la vida de las empresas y, en especial, en las juntas generales. Por eso, introdujo la posibilidad de delegar o ejercitar el voto a distancia «siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto». Y, precisamente, este último requisito es la causa o la excusa que ha hecho que aún haya empresas que no se han atrevido a poner en marcha un sistema de votación a distancia.
Pero la eCorporación será un fenómeno imparable en un mercado y en una sociedad global. La evolución en los dos últimos años de la dimensión virtual de las empresas cotizadas no alberga dudas. La eCorporación puede atender mejor el incremento y la variedad de las demandas de los nuevos accionistas-ciudadanos que piden más transparencia y más responsabilidad. El cambio de la condición de «anónima» de nuestras sociedades por la de «responsable» es cuestión inaplazable. Y necesaria.
Publicado en: Expansión (15.06.2005)
Fotografía: Nicholas Chappello en Unsplash
