Las propuestas económicas de Barack Obama no son, estrictamente, un programa económico convencional y se articulan alrededor de una selectiva agenda de objetivos y prioridades. Los asesores económicos de Obama son Jeff Liebman, Austan Golsbee y David Cutler, influenciados por la escuela de la «Behavioral economics» (economía del comportamiento), un movimiento académico de tendencia de izquierdas que estudia cómo los principios psicológicos pueden aplicarse a las decisiones económicas. Para Obama, un programa simple- que no confunda las prioridades- es, a menudo, un programa más inteligente para aplicar cambios de modelo basados en el comportamiento individual. Además, tiene la virtud de comunicarse mucho mejor que las complejas y distantes formulaciones de los economistas clásicos.
Obama mira la política económica más como una forma de política exterior, como una manera de mirar el mundo y como una parte de su discurso regeneracionista. Sus propuestas tienen un componente retórico muy útil para el discurso contra el establishment que propugna el senador de Illinois. El cambio político que pregona sólo puede ir acompañado por un cambio radical en las prioridades económicas y éstas deben ser claras y expresarse como principios, casi morales, de «conducta y de comportamiento».
La principal propuesta económica de Barack Obama gira alrededor de un ambicioso plan de innovación e infraestructuras tecnológicas que permita dinamizar la economía americana y «romper la tiranía del petróleo». Este plan digital cambiará el modelo productivo y revitalizará, al mismo tiempo, la democracia, favoreciendo la transparencia y la participación con un gobierno «abierto» a las opiniones de los ciudadanos en la toma de decisiones ejecutivas y legislativas. Incluye asegurar el intercambio gratuito de información entre los americanos a través de Internet y utilizar la tecnología y la innovación para reducir costes de la seguridad social, animar al desarrollo de energías renovables y mejorar la seguridad pública. Quiere «mejorar la competitividad de América con la inclusión digital.»
Esta agenda digital estaría dirigida por la nueva figura del «Chief Technology Officer« nacional, una especie de ministro de tecnología cuya misión sería también mejorar la interoperabilidad tecnológica entre las agencias del gobierno. Obama cree que Estados Unidos se juega el liderazgo económico (y político) si no se modifica un modelo económico demasiado dependiente del petróleo y del ladrillo. «Compartimos la ambición de cambiar el mundo», dijo Barack Obama a los empleados de la empresa Google en su sede central de Mountain View, en el norte de California. «Ayúdenme a hacerlo, ayúdenme a cambiar el mundo, de la misma forma en que Google lo ha cambiado». Allí, entre sus empleados, recaudó el 70% de sus donaciones electorales.
Obama también quiere aplicar medidas que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero -«sabemos que el cambio climático es real»- con un potente programa de eficiencia energética que permita ahorrar el equivalente a la cantidad de petróleo que se importa del Golfo Pérsico. Obama está convencido de que una nueva política energética (ahorro, eficiencia, alternativas) liberará la política geoestratégica norteamericana del yugo de la dependencia del petróleo y permitirá un nuevo liderazgo basado en la «independencia» de los intereses políticos.
Propone una reducción de impuestos que beneficie a 150 millones de contribuyentes, especialmente a las clases medias. También quiere exonerar de impuestos a las personas mayores que ganan menos de $50.000 (el gasto sanitario para estas personas es ya una auténtica carga impositiva) y rebajar las cargas a los pequeños propietarios atrapados en la crisis hipotecaria. Esta reorientación fiscal, que Obama identifica con el principio de «restaurar lo justo en el sistema de impuestos», se financiaría con nuevas tasas sobre las ganancias de capital y sobre el patrimonio de los más ricos. Obama quiere, además, eliminar las lagunas legales que permiten a las empresas hacer ingeniería financiera y fiscal.
Necesitará mucho dinero público para abordar sus prioridades sociales: prestación universal de servicios de salud a los 47 millones de estadounidenses que no la tienen, plan nacional de educación para el siglo XXI, lucha contra la pobreza o el logro de una reforma integral de inmigración. Y muchos votos para «comunicar a los lobbistas, que creen que su dinero y su influencia hablan más alto que las voces de los ciudadanos, que no son ellos los dueños de nuestro gobierno». Lo dijo en Iowa.
