Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. (Proverbio árabe)
Hay coincidencias que son mucho más que azarosas circunstancias. Son metáforas involuntarias, espejos de la realidad. Casi muecas grotescas de la casual concurrencia temporal. El destino se ríe, sino fuera por lo paradójico de la situación. Ayer era el Día Internacional contra la Corrupción, iniciativa que impulsa la ONU desde 2005 y que pretende animar a personas, empresas e instituciones a «romper la cadena» de la complicidad con la denuncia cívica y con la actuación política e institucional.
Justo ayer, en España, conocíamos dos hechos que no por esperados son menos transcendentes para la lucha ejemplar contra la corrupción (el problema que ya ocupa el segundo lugar de las preocupaciones de nuestros ciudadanos, creciendo hasta el récord histórico del 63 %, más de 20 puntos respecto a mediciones anteriores). Coincidiendo con el Día Internacional, celebramos nuestro particular día nacional con dos noticias: el fiscal pedía casi 20 años para Iñaki Urdangarin por el caso Nóos (exculpando a la Infanta Cristina, a pesar de considerarla responsable civil a título lucrativo); y la comisión permanente del Consejo del Poder Judicial decidía el futuro del juez Pablo Ruz y su continuidad en el caso Gürtel. Precisamente, Nóos y Gürtel, los dos casos que más han conmocionado —e irritado— a la opinión pública.
Solo un día después de estas coincidencias, entra en vigor la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Finalmente España, el último país de la Unión Europea de más de un millón de habitantes en aprobar una ley parecida, tiene un nuevo instrumento legal para rendir cuentas. Y abrir a la opinión pública datos e informaciones a los que los ciudadanos tienen derecho y, a partir de ahora, las Administraciones tienen obligación. Para ello, se inaugura un nuevo portal online, donde se puede consultar toda la información —incluyendo la económica— de todos los ministerios, las empresas públicas y los altos órganos del Estado. Los ciudadanos, además, podrán hacer sus propias peticiones de información, a cualquier hora y en cualquier lugar, sólo entrando en la web.
La Ley llega tarde, pudiendo haber sido más ambiciosa: está puntuada como la número 64 de las 100 mejores del mundo. Cuando se llega el último es deseable, y exigible, la excelencia e ir más allá, asumiendo con mayor rigor el coste del retraso. Sin embargo, esta Ley es ambigua en sí misma. Las administraciones la podrían cumplir tan sólo publicando algunos textos online, sin necesidad de que sean «usables» por aquellos que tienen —tenemos— interés en desmenuzar y conocer en profundidad cada gasto o cada decisión. Más allá de la vigilancia democrática y de la fiscalización mediática, cívica o política, que los datos sean accesibles además de visibles era —y es— una exigencia de calidad a la que no se puede renunciar. La transparencia no es sólo visibilidad. Un aparador es transparente, pero el vidrio impide que sea accesible, no puedes tocar los objetos tras él. Ni analizarlos o compararlos. Eso le pasa a estos supuestos datos transparentes. Tan visibles como poco operativos. Tan analógicos (y en consecuencia propensos a la opacidad) como alejados de la sociedad digital y del conocimiento.
No acaban aquí las posibles limitaciones. Que el órgano que debe asegurar que se cumpla la Ley tampoco sea independiente, sino dependiente del ministerio de Hacienda, no augura —aunque tampoco prejuzga lo contrario— una voluntad de camuflaje o limitación de las bondades de la Ley. Que el silencio negativo exista, es también otra mala noticia para la transparencia.
En resumen, que todo dependerá de cómo se aplique la Ley, mucho más que en lo que literalmente esta dice. Gobernar no es simplemente ejercer el poder, sino que también es ampliar, consolidar y fortalecer el concepto de lo público, del interés general. El desafío con esta Ley es extraordinario para las Administraciones Públicas, para las instituciones democráticas y para sus representantes. Su compromiso al cumplir con máximos o con mínimos esta nueva Ley será clave para que las demandas de más participación, información y transparencia sean atendidas, defendidas y protegidas como un derecho democrático.
Hemos esperado mucho, demasiado, para tener una ley que proteja, estimule y aliente nuestros derechos a la información pública. Sin la presión cívica de la Coalición pro Acceso seguro que no habríamos llegado hasta aquí, aunque se debía ir más lejos. Esperábamos que aprovechara el enorme caudal de potencia social, económica y tecnológica que tiene la liberación de los datos públicos. Que estimulara una profunda reforma organizativa en la creación, organización y prestación de los servicios públicos gracias a la incorporación de la cultura digital. Pero no hablo de acceder a una web, o no sólo de eso. Esto no va de tecnología, sino de otra manera de hacer, pensar y servir a los ciudadanos y ciudadanas desde el Gobierno.
Rajoy ha cumplido finalmente lo que prometió: la creación de una Ley de Transparencia. Pero en la tramitación de la Ley ya se han perdido muchas oportunidades para hacer una auténtica revolución en la gestión del dato público, explorando a fondo el concepto del big data público, y de un nuevo modelo de relación de la política con administrados y ciudadanos. La crítica política y el voto no afirmativo de casi el conjunto de la oposición a esta Ley, como rechazo a la actitud del PP en los casos de corrupción que le afectan, han lastrado el esfuerzo cooperativo del conjunto de las fuerzas políticas. Lamentablemente, no se ha llegado a más acuerdos que la mejoraran y la ampliaran, como se pedía en las recomendaciones de las comparecencias de los expertos, entre los que me contaba, y que no fueron atendidas, creo, en profundidad.
Hay quien dirá que es un primer paso, y lo es, especialmente en la lucha contra la corrupción y la mala gestión; y que es mejor tenerlo a no tener ninguno, y tendrá razón. La cuestión es si este es un primer paso o si es sólo un trámite. Lo aparente no es siempre, realmente, transparente. Lo que se muestre en el portal de la Ley y cómo actúen los encargados de dar la información en cada ministerio y agencia pública nos permitirá obtener conclusiones. De ellos depende. Si no tienen nada que esconder, no hay nada que temer.
La transparencia se ha convertido en un elemento decisivo en la comunicación política y en la gestión de lo público. El derecho a saber se ha consolidado como una de las demandas irrenunciables para la regeneración política y democrática. La transparencia ha cambiado las ecuaciones, exigiendo a la simple apariencia pública la credibilidad de la ejemplaridad y la autenticidad. Alterando la farisea actitud de que en lo público hay que preocuparse más por parecer que por ser. Pues no. El control del tiempo y de la información, tan característicos de una concepción aristocrática del poder, dejan de ser propiedad de los representantes públicos (por ocultación o negación) para ser compartidos, por publicación y acceso (aunque en la práctica sea de uso limitado), con todos los actores públicos. La transparencia es más calidad democrática. Hemos asumido, finalmente, que en el ejercicio de lo público si no se puede saber… es que, seguramente, no se puede (o no se debe) hacer. Este es el gran cambio. El primero. Y es irrenunciable.
Publicado en: El País (10.12.2014)(blog ‘Micropolítica’)
Fotografía: Levi XU para Unsplash
