En el apartado primero del artículo 99 de la Constitución española podemos leer: “Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno”.
Del texto constitucional se deduce que la condición fundamental para ser candidato es contar con una mayoría parlamentaria sólida que asegure su investidura y garantice, con más o menos seguridades, el apoyo al Gobierno durante la legislatura. No hay, sin embargo, ninguna indicación sobre la condición parlamentaria del candidato, dejando abierta así la posibilidad de que la propuesta de este recaiga en una persona no electa.
Ahora bien, esta hipótesis extrema (para circunstancias muy especiales) plantea cuestiones ciertamente delicadas: ¿de quién ha de ser la iniciativa de abrir este escenario? ¿Cuál sería el momento procesal oportuno? ¿Estamos ahora, tras el resultado de estas elecciones, en un momento extraordinario que reclama soluciones excepcionales? Porque no es lo mismo que una propuesta de este tipo surja del acuerdo entre los grupos que configuren la mayoría suficiente para darle curso o que surja a iniciativa del Rey, forzando una interpretación más que dudosa del papel del monarca en el trámite de las consultas previstas en dicho artículo 99. Como tampoco es baladí el momento en que se plantee esta solución: ¿antes o después del fracaso de los grupos parlamentarios de acordar una propuesta de candidato entre los miembros del Parlamento?
No seamos agoreros. El cansancio electoral (de la ciudadanía y de los partidos) es de tal envergadura que nadie se arriesgará a ser el culpable de un fracaso en la sesión de investidura. Pero este poderoso fórceps tiene límites. El nuevo presidente necesitará algo más que abstenciones. Necesitará compromisos. Los sacrificios que la economía española deberá asumir en muy poco tiempo (acuerdo firmado por el mismísimo Gobierno español frente a sus socios europeos) no son pequeños. Al contrario. Quien sea investido necesitará, al menos, un acuerdo parlamentario por uno o dos años para poder cumplir las obligaciones contraídas. Y esto pasa por un acuerdo de legislatura y, si fuera posible, un Gobierno de coalición.
Es decir, más allá de los acuerdos posibles (aritméticamente), hay que empezar a pensar en los pactos necesarios para hacer frente a una agenda de recortes y reformas aplazadas (con el visto bueno de Angela Merkel), pero que ya no admiten más demoras.
Asimismo, el programa económico deberá ir acompañado de profundas reformas de leyes orgánicas y del abordaje de las reformas constitucionales, sin mayor dilación. Es por ello que algunas de estas leyes, que necesitan mayorías reforzadas de tres quintos del Congreso para ser reformadas, pueden –y deben– formar parte del pacto de legislatura. O, al menos, un acuerdo de legislatura para una lista acotada, pero seria, de textos a revisar y reformar si hay pactos transversales.
La iniciativa de la reforma constitucional puede corresponder al Gobierno, al Congreso y al Senado (artículos 166 y 87.1 de la Constitución), y también a las Asambleas de las comunidades autónomas (artículos 166 y 87.2). Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras (artículo 167.1). De no lograrse la aprobación mediante lo previsto, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma, siempre que el texto hubiera contado con el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado (artículo 167.2).
En el caso de la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título I (derechos fundamentales y libertades públicas) o al título II (Corona), se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes (artículo 168.1), y las nuevas Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras (artículo 168.2).
La nueva presidencia puede ser superficial o profunda. De contingencia y de circunstancias, o de la gran legislatura renovadora que España necesita. El resultado electoral debería permitir este escenario. Todo el mundo se necesita si se quiere gobernar en serio y con una perspectiva de futuro. El futuro presidente puede cerrar una etapa o abrir una nueva, más fértil y para una España modernizada que no aplace más sus problemas, que son muchos, diversos y de calado.
En este escenario, la política de votos ha demostrado todas sus limitaciones, que van desde el indeseable sectarismo al improductivo ilusionismo. Necesitamos una legislatura que pase de los vetos personales a los compromisos políticos. Hay demasiadas heridas y resentimientos entre nuestros líderes actualmente. Estos recelos animan la desconfianza e impiden asumir responsabilidades. Atrapados por sus palabras e hipotecados por sus decisiones en el pasado, se muestran sus serias limitaciones para mirar hacia adelante. Pero no hay otro camino. No se trata ni de perdonar ni de olvidar, sino de superar. El pragmatismo no es una claudicación, es una característica fundamental de la política democrática cuando quiere sumar y construir mayorías sólidas para reformas inaplazables.
El PP, que tiene la preferencia de los primeros movimientos, debe aprovechar esta coyuntura para renovarse en profundidad, modernizar y actualizar su oferta y abrazar enfoques menos macroeconómicos. El PP necesitará abrirse al centro para sumar. Es su gran oportunidad renovadora. Y, para ello, no debe regatear esfuerzos, incluidos los sacrificios, si fueran útiles, para conseguir acuerdos de legislatura, más que de investidura. El PSOE debe aprovechar esta debilidad para sacar al PP del inmovilismo y abrir varios melones que cada vez están más maduros, a riesgo de pudrirse. Unidos Podemos debe asumir que se puede gobernar, también, desde la oposición y que, para ello, hay que mojarse. Finalmente, Ciudadanos tiene una gran oportunidad que no pasa por la aritmética, sino por la estética y la ética políticas. Hay espacio para el win-win si prima la inteligencia estratégica colectiva. Esta legislatura podría ser menos efímera y circunstancial, si se quiere. Y se debe.
Publicado en: Cinco Días (27.06.2016)
Enlaces de interés:
– Función pública: reformas pendientes (Zoom Político. Fundación Alternativas. Autoría: Xose Areses Vidal, Sancho Íñiguez Hernández y Clara Mapelli Marchena)
– Ajuste de expectativas políticas (Antón Costas. La Vanguardia, 29.06.2016)
– Inquietante (Santiago Lago. Cinco Días, 22.07.2016)
