Publicado en: El País (blog Micropolítica)
El Ayuntamiento de Barcelona acaba de presentar un Buzón Público de Denuncia de la Corrupción (Bústia Ètica) utilizando tecnologías como TOR y GlobaLeaks. Esta iniciativa, a propuesta del equipo de tecnopolítica de Xnet, se enmarca en las recomendaciones del Consell Ciutadà Assessor de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques del Consistorio. La tecnología usada marca un hito histórico para una administración pública local; y un mensaje político muy fuerte. Existe una convicción crecientemente extendida de que la corrupción no puede solucionarse solo con las instituciones democráticas vigilándose a sí mismas. La sociedad civil tiene que jugar un papel central y constante. La vigilancia ciudadana se convierte en un activo democrático.
Tor es un sistema que permite utilizar Internet de manera anónima. Originalmente, Tor fue desarrollado por la Marina de los Estados Unidos, con el propósito principal de proteger las comunicaciones del Gobierno. Actualmente, es utilizado todos los días para una amplia variedad de propósitos por parte de militares, periodistas, agentes de la ley, activistas, y muchos otros. Debido al éxito de uso que ha alcanzado en muchos sectores, el propio Gobierno de los EE. UU. está en una fuerte paradoja y en un creciente conflicto de intereses: por un lado, intentando acabar con el proyecto por parte de sus servicios de seguridad; y, por otro, aumentando su financiación (por terceros) y desarrollo para mejorar el activismo ciudadano.
El debate sobre la libertad en Internet tiene un capítulo muy importante —y controvertido— en la capacidad de sus usuarios de navegar, publicar o consultar de manera anónima. Al menos superficialmente, ya que, normalmente, a través de la dirección IP de los usuarios se puede averiguar desde qué punto exacto se está utilizando la red. Normalmente el anonimato superficial que proporciona Internet para participar en redes sociales (bajo pseudónimo, por ejemplo.) es suficiente para la mayoría de usuarios. Pero podemos encontrarnos con dos tipos de internautas que sí que necesitan una capa de protección extra: los que cometen algún acto delictivo (tráfico de drogas, armas, venta de programas para crackear sistemas, vulnerabilidades, spamers…); y los que, por cuestiones de activismo, también se suelen encontrar en una situación delicada, en los márgenes de las legislaciones vigentes en sus países.
Tor Project ofrece la oportunidad de navegar de forma anónima y es la puerta de entrada a la web profunda. Combinar esta red con otras herramientas (como las VPN) proporciona una cierta seguridad a los usuarios que, por el motivo que sea, necesitan el anonimato en la red. Por ejemplo, cuando hay un incremento de la censura en un país y es complicado —y arriesgado— utilizar Internet de forma segura para hacer activismo, aumenta el uso de dichas herramientas.
En sociedades con mayores niveles de calidad democrática, unas herramientas de este tipo pueden cumplir otro tipo de funciones. Concretamente, promover el papel de los whistleblowers (alertadores). Estas personas son las que denuncian situaciones irregulares, normalmente relacionadas con corrupción, en sus propias organizaciones. También esta figura se identifica con la posibilidad de que la ciudadanía pueda denunciar y aportar pruebas de situaciones ilegales garantizando su anonimato por miedo a represalias. La irrupción del fenómeno exigente de política vigilada favorece la utilización de herramientas que faciliten la aportación de pruebas, más allá de la simple denuncia pública a través de redes sociales. Son muchas las situaciones en las que se han producido filtraciones, como el caso Wikileaks.
Si se combinan herramientas como Tor, el uso de VPN y un software como el de GlobaLeaks (software pensado específicamente para los «alertadores») tendremos la combinación perfecta para poner en marcha un buzón de denuncia anónima ciudadana. La protección de estos alertadores es algo que se reclama legislativamente, concretamente Xnet lo ha incorporado en su agenda digital de 2017 incidiendo que España debe transponer la Directiva UE de Secretos Comerciales y la promoción de leyes específicas para la protección de los whistleblowers. Actualmente tenemos ya algunos ejemplos como el buzón desarrollado por Xnet, la plataforma fíltrala, el buzón de fraude de empleo del Ministerio de Trabajo, o los de fraude fiscal de la Generalitat de Catalunya o de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares.
El debate sobre la «anonimización» en el activismo político de denuncia democrática es controvertido. Pero, indiscutiblemente, sirve para abrir boquetes de transparencia en nuestras instituciones. Cuando la delación es un derecho —y una obligación— proteger a los que alertan y sus informaciones es una responsabilidad política.
Enlaces de interés:
– Ciberseguridad, la protección de la información en un mundo digital (descarga gratuita). Fundación Telefónica, 19.09.2016
