Preguntar es la naturaleza básica de la política democrática. Ignorar las preguntas parlamentarias por incompetencia, desidia o decisión consciente —pero irresponsable— es un desprecio a los derechos de los ciudadanos. Un Gobierno que no responde (requerimientos, dudas o demandas) se deslegitima, incumple sus deberes e impide el correcto funcionamiento de nuestra vida democrática. El poder que no escucha, se nubla. Y el que no responde, se burla.
Las preguntas escritas, por ejemplo, reguladas en los artículos 185 a 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, son instrumentos para el control y la vigilancia política de los Gobiernos en los sistemas de democracia representativa parlamentaria. Consisten o bien en peticiones de información sobre asuntos específicos, o bien en solicitudes de toma de postura política del Gobierno, igualmente respecto a cuestiones muy concretas planteadas en la formulación de la pregunta.
La característica distintiva de la pregunta respecto a, por ejemplo, la interpelación, la moción, o la proposición de ley, entre otras, es su carácter muy específico y concreto, casi se podría decir local o sectorial. Por lo general, la mayoría de las preguntas se refieren a cuestiones relativas a la circunscripción del diputado/a y, por tanto, su repercusión mediática suele ser en medios locales y regionales (periódicos o radios locales).
No es fácil que una pregunta escrita tenga la repercusión de una escenificación parlamentaria como la que hemos visto esta semana: «Se la trae floja, se la suda, se la pela o se la bufa», le espetó Pablo Iglesias a Mariano Rajoy en el Congreso durante la sesión de control. Pero no por ello es despreciable, en términos de vinculación entre el diputado y su electorado más cercano, sobre todo, si el diputado realiza preguntas de forma continuada y acertada para poder controlar la actuación del Ejecutivo sobre temas que pueden interesar a sus electores cercanos. Las preguntas son un indicador de calidad democrática: de la de nuestros representantes, y de la de nuestros gobernantes.
Las preguntas escritas son un recurso muy habitual en la lógica opositora. El número total de las presentadas desde 1977 hasta esta semana asciende a más de 511.000. Una cifra extraordinaria. En general, la inmensa mayoría de las preguntas escritas son contestadas por el Gobierno de turno, aunque el número de estas inadmitidas, retiradas, extinguidas, caducadas o convertidas no es una cifra menor. A veces, las preguntas son también una estratagema de filibusterismo parlamentario (cuando algún diputado/a ha formulado miles de preguntas muy similares, apenas cambiando el nombre de una localidad, por ejemplo). Se trata de buscar notoriedad mediática o bloquear la capacidad de respuesta del Gobierno.
Pero en esta legislatura nos enfrentamos a otra cuestión. El retraso del Gobierno de Mariano Rajoy en contestar las preguntas parlamentarias es muy importante. El Gobierno acumula sin responder más de la mitad de las cuestiones recibidas, aunque la vicepresidenta y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes se han comprometido con los diputados y diputadas, en sede parlamentaria, a resolver esta dejadez y disfunción democrática. Los socialistas, por ejemplo, lamentan que «el Gobierno dilate tanto los tiempos y abuse del silencio administrativo para eludir el control parlamentario». Y el resto de grupos se queja amargamente de la actitud del Gobierno. La alarma es muy relevante cuando muchas de las peticiones vencen los 40 días del plazo máximo establecido en el Reglamento y se quedan sin recibir respuesta. Algunos de estos vencimientos, de naturaleza muy diversa, son muy notorios y tienen un interés indudable en términos periodísticos y políticos.
Desconocemos, por ejemplo, si el caballo del que se cayó la infanta Elena era de «titularidad pública o privada»; no tenemos información sobre la situación de los CIE de Barcelona o de Madrid; no hay datos sobre la venta de viviendas protegidas por parte de la Comunidad de Madrid a fondos buitre; o se nos ha impedido conocer más datos, y la versión del Gobierno, sobre el caso de la presunta evasión de impuestos del delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo.
El Ejecutivo aduce colapso. La oposición, dejadez deliberada. Pero, más allá de este pulso parlamentario, las preguntas sin respuesta reflejan un déficit democrático en la vigilancia parlamentaria y, yendo un poco más al fondo, un desprecio a la pregunta que debilita la calidad de nuestra democracia y refleja carencias de funcionamiento importante. Los parlamentarios, cuando preguntan, lo hacen en el cumplimiento de sus obligaciones y representan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que, les hayan votado a no, tienen derecho a recibir respuesta.
El silencio, cuando se pregunta, no es admisible, aunque sea administrativamente legal. El silencio corroe nuestra confianza, introduce la sospecha de la intencionalidad del que calla, y bloquea la actividad política. Decía Miguel de Unamuno que «a veces, el silencio es la peor mentira». El Gobierno se arriesga a que sus silencios sean cómplices de la mentira o del engaño. Y a que la imaginación y la sospecha sustituyan, en la opinión pública, a la información y la verdad. Cuando los Gobiernos no responden a sus ciudadanos y ciudadanas, que nadie espere que estos atiendan sus consejos, sus indicaciones o sus instrucciones. Responder es una obligación. Y, sobre todo, un derecho.
Publicado en: El País (blog Micropolítica, 25.03.2017)
Fotografía: Matt Walsh en Unsplash
Enlaces asociados:
– La presidenta del Congreso pide por carta que Medio Ambiente deje de ningunear preguntas parlamentarias (Raúl Rejón. eldiario.es, 26.03.2017)
