Con este artículo inicio mi colaboración con la nueva sección de opinión y análisis de Crític. En este espacio, Sentit Crític, opinió i anàlisi, cada viernes podréis leer los artículos de uno/a de los 16 articulistas que participamos: Jenn Díaz, David Caño. Mireia Mora, Mireia Vehí, Jordi Muñoz, Gemma Ubasart, Hibai Arbide, Laia Bonet, Arturo Puente, Núria Alabao, Josep-Lluís Carod-Rovira, Iolanda Fresnillo, Albano Dante-Fachín, Liz Castro, Guillem Martínez y un servidor. (Artículo publicado originalmente en catalán)
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Poco a poco se van introduciendo en las prácticas gubernamentales las políticas basadas en la teoría económica del comportamiento. La idea de partida es implementar mejoras políticas a partir de cambiar el comportamiento de las personas al presentar las opciones o la información de forma distinta y promoviendo la elección positiva. Son ideas basadas en la necesidad de estimular o corregir, sin recurrir a prohibir o forzar, comportamientos irracionales o indeseables que ni cumplen con los deseos de la misma persona. A veces es tan sencillo como aprovecharse de la ventaja comparativa que nos da la inercia. Se trata de promover el bien común sin la necesidad de regularlo exclusivamente por la vía legal o dejarlo, simplemente, bajo la única responsabilidad de los poderes públicos. En definitiva, los cambios de fondo son posibles cuando una mayoría social los hace masivos, sostenidos e irreversibles. Nada mejor que la voluntad mayoritaria capaz de acumular energía cívica alrededor de las pequeñas decisiones que anticipan y crean grandes cambios. Es el pequeño empujón individual (#nudges y #behaviouraleconomics) del que hablan Richard H. Thaler y Cass R. Sunstein en su libro del mismo título y que se convierte en un gran paso colectivo.
¿Qué pasa si, cuando desarrollamos una política pública, tomamos en cuenta la psicología social de las personas que conforman ese público? Se ha comprobado, por ejemplo, que la tasa de donación de órganos en distintos países es muy distinta si la opción por defecto al morir es que tus órganos se donan (para no donar tienes que «opt-out») en lugar de si, por defecto, debes expresar activamente que quieres ser donante («opt-in»). Esta es una estrategia habitual en publicidad que ahora pretende dar el salto a la política. De hecho, el Gobierno británico hace tiempo que está haciendo pruebas con su Nudge unit y el Gobierno de Barack Obama también lo puso en marcha, antes de finalizar su segundo mandato.
En un nuevo documento, publicado hace un año en la revista Psychological Science, los nugdes fueron analizados empíricamente mediante la comparación de su rentabilidad con una amplia gama de instrumentos de política formal. Los hallazgos son sorprendentes: en varias áreas de gestión, los nudges tienen un impacto transformador mucho mayor, por cada dólar gastado, que los enfoques más tradicionales, tales como normas, subsidios, impuestos o políticas educativas. Los Gobiernos empiezan a ver estas estrategias como un camino sólido frente a dos desafíos: la limitación de los recursos públicos y la necesidad urgente de acelerar y profundizar en cambios sociales de comportamiento que tengan un gran impacto en los presupuestos y en la vida en común de las personas como, por ejemplo, los desafíos medioambientales.
El Gobierno británico, a través del Behavioural Insights Team, se encarga de aplicar #behaviouraleconomics a las políticas públicas. Su trabajo se basa en la metodología EAST. «Si buscas promover un comportamiento, hazlo simplE, Atractivo, Social y a Tiempo (EAST). Estos cuatro sencillos principios para aplicar lecciones de las ciencias del comportamiento están basados en el trabajo del Behavioural Insights Team y en la literatura académica y son un marco de referencia sencillo y fácil de recordar, para pensar sobre enfoques de comportamiento efectivos». Los avances son muy significativos y anticipan nuevos horizontes para las políticas públicas para hacer frente a los desafíos contemporáneos.
Thaler, Sunstein y Obama
La relación del presidente Barack Obama con los precursores de la economía del comportamiento, Thaler y Sunstein, viene de 2008. Thaler participó en la campaña para la presidencia y Sunstein, junto con otros economistas de esta rama, se incorporó directamente al equipo económico de Obama. La influencia de esta escuela ya se pudo observar en el primer presupuesto de Obama que, por defecto, obligaba a las empresas a crear planes de pensiones de participación automática (con opción a no tenerlos). La idea es la misma que veíamos antes con los transplantes: cuando una opción nos viene dada por defecto no acostumbramos a cambiarla. Esta práctica se utilizó también en la implementación de la reforma sanitaria.
En 2014 Obama lanzó su equipo de análisis de ciencias sociales y comportamiento (SBST) para analizar y ser prescriptores de este tipo de políticas basadas en la evidencia en toda la Administración. Como dijo el Presidente al firmar la ley para su creación: «Es importante que tengamos un Gobierno más inteligente, más rápido y más sensible a las necesidades de los ciudadanos». El objetivo era testear diferentes prácticas que mejoraran la eficacia y la eficiencia de la Administración en distintos campos. Veamos un ejemplo muy claro.
Los autónomos y las empresas llevan a cabo una declaración anual de bienes, ingresos, vendas, etc., con el Gobierno. Estas declaraciones se hacen de forma individual y de sus resultados dependerán los impuestos y tasas que se paguen. Está demostrado que estas «autodeclaraciones», si se hacen de forma sincera y sin esconder las cifras, son más rentables que las auditorías externas o los controles independientes. Pues bien, en el formulario tradicional, una vez que la persona lo rellenaba y llegaba al final, en la parte inferior del documento, debía firmar la declaración de buena fe, es decir, constatando que no había mentido. En este caso, lo que se hizo fue cambiarlo y situar el espacio de la firma al principio del formulario, de forma que la declaración de buenas intenciones se hacía al inicio, lo que cambiaba la conducta de los declarantes. Resultado: los individuos con la opción de firma en la parte superior declaraban, de media, 445 dólares más que los que tenían situada la firma en la parte inferior. Esta pequeña muestra se tradujo en un aumento de la recaudación de 1,59 millones de dólares en tan solo un trimestre. Es, en parte, el mismo concepto con el que la Administración de Emmanuel Macron se inspira para su Ley del Derecho al Error, con una transformación del rol del Estado como fiscalizador, con unas relaciones basadas en el control y la punición, hacia una nueva relación con los ciudadanos basada en la confianza y la empatía y en otras metodologías centradas en los estudios del comportamiento.
El dilema
El dilema entre la libertad de escoger (aunque nos perjudique o no nos convenga) y un Estado que aparentemente nos dirige (más que nos obliga) hacia el bien común es un debate apasionante. Un impulso orientado a ser más racional, promoviendo comportamientos sociales hacia al bien común. ¿Y si fuera el pequeño empujón, más que la gran fiscalización lo que necesitáramos? Lo que es evidente es que estamos ante un fenómeno que marcará un antes y un después en la toma de decisiones de los Gobiernos, por no hablar de cómo puede afectar al análisis y la prescripción de políticas económicas.
Publicado en: Crític (3.5.2018)
Artículos asociados:
– Behavioural Science in Practice (WBS, 2.05.2018)
– Podcast: ¿Qué es ‘Behavioral Economics’? (BBVA, 18.06.2018)
