«La prudencia siempre es una virtud aconsejable», ha dicho el ministro del Interior, Jorge Fernández, en una primera respuesta múltiple a todos los portavoces de la oposición en la comparecencia urgente y extraordinaria de esta mañana en el Congreso de los Diputados. Pero hoy no se ha hablado solo de prudencias e imprudencias, sino de incompetencias y de incumplimientos de la legalidad. El ministro, por el contrario, afirma que cumplió con su «deber y responsabilidad», y ha negado rotundamente que el motivo de la reunión con Rodrigo Rato tuviera nada que ver con su situación procesal. «Era mi deber atender a Rato; se reunió conmigo por su seguridad personal», acreditando esta explicación con el dato, convertido en argumento, de que Rato ha recibido más de 400 tuits ofensivos y amenazadores. En la versión del ministro, Rato estaría preocupado porque la nueva política de asignación de escoltas a los ex altos cargos pudiera comprometer su seguridad frente a las amenazas digitales. Twitter ha reaccionado con ironía y sarcasmo a las reveladoras declaraciones del ministro.
Pero en la Comisión no ha habido ironía, sino indignación y fuerte contestación a la explicación gubernamental y a la actitud defensiva de Fernández. Los portavoces han sido duros al sentirse burlados. Creen que todo ha sido un burdo ejercicio de cortina de humo. El ministro, para rematar su versión, ha interpretado las palabras de Rato de que en la reunión hablaron de «todo lo que le está pasando», reduciéndolas al tema de la seguridad. Con esta interpretación, ha creado un muro profiláctico sobre el encuentro, y solo ha hecho una única concesión: admite que es opinable la cita, el lugar y las no explicaciones anteriores o posteriores al encuentro.
Pero no parece que la oposición —y una buena parte de la opinión pública— piense que es simplemente opinable. Al contrario. Todos, casi sin matices, piden su dimisión. Los más suaves le tildan de imprudente e incompetente (también entre sus propias filas se han levantado inusuales voces críticas), y otros consideran que podría haber cometido posibles delitos. Los socialistas entregaron ayer un escrito en la Fiscalía General del Estado en el que acusan al ministro de los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos, a lo que el Ministerio responde con que estudia «eventuales acciones penales por denuncia falsa, injurias y calumnias».
Pero esta comparecencia, más allá de las valoraciones políticas, ha permitido un pequeño debate sobre lo íntimo, lo particular, lo personal, lo privado y lo público. Y las relaciones —e implicaciones— que tiene una correcta interpretación de estas palabras —y sus consecuencias— en la vida política. «Con el uso del lenguaje hay que ser especialmente cuidadoso», ha dicho Fernández para protegerse de una expresión susceptible de ser considerada machista. Y tiene razón. Cuidar el lenguaje es una exigencia en la vida política. Y ello obliga a comprender las palabras que se utilizan. Este es el tema.
El ministro volvería a hacerlo. Esta es la cuestión de fondo. Las formas son fondo. Esta sería, quizá, la razón más poderosa para que dimitiera. Es decir, volvería a reunirse en su despacho oficial con un imputado acusado de graves delitos contra el interés general, para hablar de su seguridad personal, cuando —precisamente— sus presuntos delitos han causado una grave inseguridad pública. Y lo haría como lo ha hecho, siendo el Ministerio en parte responsable de las investigaciones que han llevado al banquillo al presunto delincuente. Es decir, el ministro que le investiga o debería hacerlo, se reúne con un imputado para hablar de su protección. La acrobacia política es casi insuperable. E incomprensible para muchos ciudadanos. Fernández, que no reconoce haber cometido error alguno, se autoafirma como un servidor público con más de 36 años de cumplimiento del deber, fiel a sus «principios, creencias, convicciones». Es decir, no duda.
Pero las dudas, sobre él y sobre lo qué pasó, son las que posiblemente han aumentado tras su comparecencia. Que Fernández no vea incompatibilidades estéticas, éticas o legales en esta reunión es preocupante. Que se reafirme en su proceder es casi inconsciente. Que lo justifique en términos de seguridad es sorprendente y casi inverosímil. Que esgrima y argumente como ingenuidad y buena fe propias, en contraste con los prejuicios y conjeturas de algunos de sus adversarios políticos, es excesivo. En política, los comportamientos tienen límites. Y las palabras, también.
Publicado en: El País (14.08.2015)(blog ‘Micropolítica’)
Fotografía: Alex Eckermann para Unsplash
