Pedir justicia, votar contra ella

El Congreso decidirá hoy si acepta, o no, la admisión a trámite de la ILP hipotecaria. Una ILP que cuenta con el aval de más de 1.402.854 firmas. Se necesitaban medio millón y se han desbordado las expectativas. El Partido Popular ya ha anunciado que no votará a favor. La iniciativa, y la votación, llegan en un momento de máxima tensión y movilización.

Desde que empezó la crisis, en 2007, más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado han dejado a cientos de miles de familias en la calle y con una deuda de por vida. Pero los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha logrado evitar más de 560 desalojos, han obtenido un éxito político y social sin precedentes con la presentación de las firmas de la ILP. Y, a través de la plataforma oiga.me, han conseguido enviar también centenares de miles de correos electrónicos exigiendo a los diputados del PP su rectificación. Buzones colapsados, pero de otros sobres: los de la denuncia ciudadana. «No odies al lobby, ¡cómetelo!», dicen y reivindican los activistas de la red. Hoy, las sedes del PP —y coincidiendo con la hora de la votación— se verán de nuevo presionadas por concentraciones ciudadanas.

El PP se enfrenta a un desafío ético y estético. En este tema, ha perdido la calle, la red y la opinión pública que desea una profunda modificación de la regulación legal de las hipotecas a favor de los más desfavorecidos. La desafiante intervención de Ada Colau, la semana pasada en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, es una buena prueba de ello. La corriente de simpatía natural hacia ella, su causa y sus argumentos no es el síntoma de una excitación puntual: corresponde a una intensa y renovada concepción de la justicia que se enfrenta a una legalidad (vigente) que no se nutre en lo justo sino en la norma interesada.

La votación coincidirá con la de la ILP que defiende la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural, que parece que sí será admitida a trámite (a pesar de contar con menos de la mitad de las firmas). La PAH advierte: «El Congreso ofrecerá una imagen lamentable de este país si demuestra que las prioridades políticas anteponen la fiesta nacional por encima del sufrimiento de las personas». El choque estético será brutal y, creo, de consecuencias devastadoras para la imagen del PP.

La poderosa combinación de activismo online (con la petición de firmas, por ejemplo, para la dimisión de la cúpula del PP por el caso Bárcenas y el éxito histórico de obtener más de un millón de ellas en una semana, que el PP se ha apresurado a desacreditar) junto con el esfuerzo offline (de la PAH) representan la emergencia de una capacidad autónoma de activismo político, al margen de los partidos. Una capacidad con músculo y neurona: que va desde el ARTivismo al ganchillo como armas de combate. No exagero. Se trata de la irrupción de una tecnología social y política que hibrida la red con las plazas. Las calles, con las redes. Las paredes, con los muros digitales.

La gestión política, organizativa y comunicativa de las peticiones a los poderes (en particular el Legislativo) es, además de un derecho, una poderosa corriente de articulación social del compromiso individual. Y configura el espacio de acogida más natural y atractivo para la politización y toma de conciencia de muchísimas personas que sienten que el cambio que desean debe empezar por ellas mismas. Estas iniciativas, además, tienen un gran éxito en otros países y ofrecen una gama amplia de causas por las que vale la pena comprometerse.

La presión social y ciudadana puede transformar —y está transformando ya— la manera de hacer política. El cerco generado en torno a los diputados estos días por Twitter, Facebook o correo electrónico va en esta dirección. Ha sido una versión digital muy efectiva del Rodea el Congreso. Además, esta tecnología social para el activismo político va a favorecer el derecho de petición. Un derecho reconocido, también, en la Constitución Española (Artículo 29: «Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley»), y acogido como derecho y obligación gubernamental en los Estados Unidos, por ejemplo, así como en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Esto no ha hecho más que empezar. «Pedir» democráticamente (información, justicia, leyes, dimisiones…) es parte del combate por la regeneración política que nuestro país necesita. Resetear España… es inaplazable. La ciudadanía lidera el cambio. La política formal, a remolque. Y se están tomando al pie de la letra el Artículo 23 de la Constitución: «1. Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, DIRECTAMENTE o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». (Las mayúsculas son mías).

Publicado en: El País (12.02.2013)(blog Micropolítica)
Fotografía: Cyrus Crossan para Unsplash

Enlaces de interés:
– Que no te hipotequen la vida
– Desalojos a reconsiderar (Gabriela Cañas. El País, 11.02.2013)
– Es la hora de la sociedad (José Ignacio Torreblanca, 11.02.2013)
– «Si el PP desoye un millón de firmas, en España no hay democracia», Ada Colau (El País, 11.02.2013)