El ejemplo de las políticas públicas que a nivel internacional promueven la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) ha tenido un lento reflejo en las iniciativas políticas y gubernamentales en España. En las anteriores elecciones al Parlamento de Catalunya de 2003, por ejemplo, las referencias a la responsabilidad social de las empresas eran apenas inexistentes. En cambio, una revisión de los programas presentados para las elecciones de mañana pone de manifiesto como las medidas relativas a la RSE han irrumpido por primera vez, aunque de manera desigual, en todas las propuestas electorales de las formaciones con representación parlamentaria.
Esta no es una circunstancia casual sino que se produce en un momento en que el papel determinante que las políticas públicas deben tener en la formación, el fomento, la regulación y el control de la RSE de las empresas adquiere un mayor protagonismo en la agenda política y mediática. Tan sólo en el último año hemos asistido a la presentación de la nueva Comunicación de la Comisión Europea, ha visto la luz un primer informe de conclusiones de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para analizar la RSC, y han aparecido las conclusiones de la IV reunión del Foro de expertos RSC creada en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esto coincide a demás con la inclusión por primera vez de la RSE en el articulado del nuevo Estatuto.
Un marco catalán para la RSE
Las propuestas programáticas de los partidos recogen un enfoque conceptual común que entiende la RSE como un aspecto necesario para la consolidación de una visión de crecimiento económico que haga compatible la competitividad, el progreso social y la protección del medio ambiente.
La mayoría de programas electorales coinciden también en la necesidad de crear un marco catalán para fomentar el desarrollo de la RSE, aunque difieren en el nivel de concreción y en la mayor o menor regulación exigida.
Las medidas apuntan sobre todo al papel de la Generalitat de Cataluña en la creación de conocimiento, formación, y extensión de buenas prácticas y en facilitar la transparencia informativa en la comunicación y balance de la RSE empresarial. Se incluyen también algunas propuestas encaminadas a crear algún tipo de foro consultivo o mecanismo para consensuar el modelo de empresa socialmente responsable y facilitar el diálogo multilateral entre los diversos grupos de interés.
Destaca de manera generalizada el papel que el Gobierno debe ejercer para actuar como ejemplo de RSE, para lo que se propone la incorporación de estas prácticas en la propia gestión de la Administración de la Generalitat de Cataluña. En este sentido, la medida más generalizada es la introducción de cláusulas favorecedoras de políticas de responsabilidad social en los pliegos de compras y contratación pública. También coinciden las propuestas en la importancia que la inversión socialmente responsable (banca y créditos éticos) puede tener como motor de la RSE, para lo cual se apuesta por medidas para su promoción, facilitando la transparencia e información a los ciudadanos y estableciendo incentivos fiscales equiparables a los de otros tipos de inversión. Cabe destacar que en ningún caso aparece recogida la propuesta, formulada por la Subcomisión RSC del Congreso, de creación de un organismo autonómico específico encargado de gestionar las iniciativas de promoción de la RSE, lo que permitiría una coordinación estratégica y transversal de estas políticas.
Estos son algunas de las propuestas más significativas recogidas en sus programas:
CIU
Propone impulsar un acuerdo Social entre el Gobierno de Cataluña y el resto de agentes, con el objetivo de diseñar desde el consenso una política social responsable.
PSC
Plantea la elaboración de un código de responsabilidad social corporativa de la empresa en Cataluña, a partir de la creación de un foro consultivo sobre RSE como espacio de deliberación y consenso entre los diversos agentes.
ERC
Promueve la creación de los Premios a la responsabilidad social corporativa que valoren a las empresas que actúen con RSC, teniendo en cuenta la integración cultural, la igualdad de oportunidades de género y la proyección de la marca Cataluña.
PP
Apuesta por la creación de la calificación “empresa familiarmente responsable” para aquellas que acrediten la aplicación de medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral con la familiar.
ICV-EUIA
Incluye la creación de un marco legal e institucional sobre la responsabilidad social de las empresas y medidas para facilitar información pública, transparente y auditada sobre la RSC a través de observatorios sociales.
Publicado en: Expansión 31.10.2006
Fotografía: Ross Findon en Unsplash
